El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha identificado la presencia de carne de caballo en unos canelones elaborados con carne de vacuno de la marca La Cocinera, perteneciente al grupo Nestlé. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete aclara en un comunicado que se trata de un caso de «fraude en el etiquetado, que no afecta a la seguridad alimentaria del producto ni implica ningún riesgo para la salud».
La propia Nestlé también ha lanzado una nota de prensa en la que informa que ha detectado ADN de caballo en una partida de carne suministrada por el proveedor Servocar, de Casarrubios del Monte (Toledo). Los restos de carne equina están presentes en un porcentaje superior al uno por ciento, por encima del umbral que determina si se trata de adulteración. Servocar había certificado dicha materia prima como 100% carne de vacuno, por lo que Nestlé ha decidido dejar de comprarle y actuar legalmente para exigir responsabilidades a dicho proveedor.
Nestlé ha aclarado que este hecho no supone ningún riesgo para la salud, aunque reconoce que con este fraude no se cumple con lo que los consumidores esperan de sus productos. Esta marca ha procedido a la retirada inmediata de estos productos, entre los que se encuentran los raviolis rellenos de carne de vacuno de Buitoni o los canelones de carne de La Cocinera.
Al tiempo que el Ministerio hacía este anuncio se conocía que la multinacional sueca IKEA retiraba los lotes de albóndigas de carne de todas sus tiendas y restaurantes de España, después de que unos inspectores checos hallaran carne de caballo en este producto, que es fabricado en Suecia. IKEA Ibérica ha tomado esta decisión pese a que sus propios análisis, realizados durante las dos últimas semanas sobre diferentes lotes, no han mostrado este tipo de anomalía.
Buitoni, La Cocinera e IKEA se unen a otras marcas como Alipende o Findus, en las que también se ha encontrado carne de caballo en alguno de sus productos.
Controles del Gobierno
Desde principios de febrero, el Ministerio ha realizado diversos análisis prospectivos en diferentes productos elaborados con carne de vacuno para rastrear la posible presencia, de forma fraudulenta, de ADN de equino. Estos controles se han realizado con carácter complementario a las acciones que llevan a cabo las Comunidades Autónomas, que tienen asumidas las competencias en materia de control de elaborados y productos cárnicos transformados.
Una vez que se ha conocido este resultado positivo, el Ministerio ha trasladado la información a las autoridades competentes en materia de fraude de las Comunidades Autónomas, para que adopten las medidas oportunas en el ámbito de sus competencias y en colaboración con la empresa responsable de la mencionada marca.
Estas actuaciones del Ministerio van a tener su continuidad a través de la puesta en marcha de la Recomendación de la Comisión Europea, del pasado 21 de febrero, para la aplicación de un Plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de productos alimenticios a base de carne de vacuno.
En concreto, la implementación en España de dicha Recomendación se está llevando a cabo de manera coordinada entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Instituto Nacional de Consumo, ambos del Ministerio de Sanidad.
Por lo que se refiere a las actuaciones encaminadas a detectar la existencia de posibles fraudes al consumidor por la incorporación de carne de caballo en preparados cárnicos de vacuno, sin identificarlo en su etiquetado, está previsto realizar analíticas de detección de ADN equino en las 150 muestras que han sido asignadas a España en la Recomendación de la Comisión Europea.
Dichas muestras procederán tanto de establecimientos de venta al por menor como de otras instalaciones industriales o de almacenamiento, y estarán repartidas entre todas las Comunidades Autónomas. Siguiendo las instrucciones de dicha Recomendación, los controles se están realizando con la máxima colaboración entre las autoridades de control de las administraciones central y autonómica.