El sector vinícola, en pie de guerra contra un posible impuesto al vino

El mundo del vino no quiere pagar los platos rotos del déficit fiscal. La Federación Española del Vino (FEV), entidad que agrupa a los productores y comercializadores españoles vino, cargó este martes contra los expertos de la llamada ‘comisión Lagares’, que en su informe dirigido al Gobierno para abordar la reforma fiscal plantean, entre otras medidas, aprobar un impuesto sobre el vino, producto que actualmente está sujeto a un tipo cero. A juicio del sector del vino, las propuestas de los expertos de hacienda adolecen de «falta de rigor y de solidez».

En un comunicado, la FEV recuerda, en primer lugar, que el impuesto vigente en Francia (país en el que se ha inspirado la comisión de expertos), «existe desde hace más de tres décadas y no tiene carácter recaudatorio, si bien es cierto que en el último año ha sufrido un incremento apenas testimonial». Actualmente la tasa en el país vecino está fijada en 3,72 euros por hectolitro de «vino tranquilo» y en 9,23 euros en el caso del vino espumoso.

Acto seguido, advierte de que el argumento de que el nuevo impuesto serviría también para “corregir los efectos externos negativos derivados del consumo” es «poco sólido», ya que, con el impuesto cero actual, el consumo per cápita en España «ya roza mínimos históricos con apenas 20 litros consumidos por persona y año en 2012, a la cola de la mayoría de los Estados Miembros de la UE».

Tras recordar que el sector ya está «haciendo sus deberes en materia de prevenir y paliar los
daños sociales provocados por el abuso de alcohol», el sector vinícola español tilda de «incoherente» otro de los argumentos de la comisión Lagares, esto es, que es necesario incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol hasta alcanzar la media de la Unión Europea. «Esta propuesta –señala la FEV– resulta incoherente en el caso del vino ya que actualmente son más los países que tienen impuesto cero, un total de 15, de los cuales la mayor parte son países productores».

Como resumen, la FEV concluye que «la propuesta planteada en el informe de la Comisión de Expertos, meramente consultivo, carece del rigor necesario ante una cuestión de tal envergadura, ya que se sostiene sobre una débil argumentación».